Thursday, March 29, 2007

Boletin de prensa -marzo del 2007-

Villahermosa, Tabasco, Marzo 29 de 2007.


BOLETIN DE PRENSA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS CIUDADANOS DE TABASCO.

El 28 de Diciembre de 2006 el pueblo de Tabasco fue objeto de la imposición por parte del entonces gobernador Manuel Andrade Díaz, a través de los miembros de la LVIII Legislatura, al aprobarse una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental que solo tomo en cuenta intereses personales y partidistas, no así los intereses de la ciudadanía. Los diputados de esa legislatura comprobaron que siempre fueron servidores del Ejecutivo ya que solo atendieron y cumplieron sus órdenes al aprobar una ley simulada para cumplir con el requisito de que Tabasco era el único Estado, en ese momento, que no tenía una ley en esta materia.

El espíritu de esta Ley debió haber sido el de brindar transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, porque la opacidad en las políticas públicas y aplicación de los recursos ocasiona muchas veces una mala administración y distribución de dichos recursos, generando discrecionalidad en su manejo y en consecuencia corrupción en los funcionarios, que se traduce en pobreza y retraso en el desarrollo social y político de Tabasco.

Esta ley fue publicada el 10 de febrero de este año y en su artículo 20 le otorga la facultad al Ejecutivo del Estado para la designación de tres ternas al Congreso del Estado, para elegir a los consejeros que serán los que apliquen esta ley. Las organizaciones civiles que participamos en este proceso creemos que es una facultad indebida, toda vez que esto le restará autonomía a quienes integren el del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, situación que fue denunciada desde antes de su aprobación.

Ahora corresponde el turno al nuevo gobierno representado por Andrés Granier Melo, realizar los trabajos de reglamentación y designación de los consejeros, una segunda fase del proceso de esta Ley, que si bien el ejecutivo propondrá al poder legislativo a los consejeros, en la reglamentación y designación de consejeros se puede resarcir en cierto modo las omisiones de esta ley, para ello proponemos:

1.- Que el ejecutivo abra el proceso para la designación de consejeros, a través de una convocatoria pública en la que la sociedad designe a las personas que considere gozan de calidad moral para ocupar el puesto de consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, órgano encargado de garantizar el acceso a la información en el Estado, para que de forma imparcial, se ocupen estos cargos y así conformar las ternas que posteriormente serán enviadas al congreso, para su aprobación.
2.- Que el ejecutivo se abstenga de imponer a personajes identificados con los gobiernos anteriores, con el actual gobierno y/o abiertamente con partidos políticos.

No debemos de perder de vista que, una gran proporción de las solicitudes de información al gobierno, son justamente pedidas al Ejecutivo, así que lo congruente y ético es que los consejeros tengan la mayor autonomía de decisión a la hora de decidir sobre el acceso a la información,

No dejamos de mencionar que el ejecutivo dispone de dos meses a partir de la publicación de la ley en el Periódico Oficial del Estado, para la designación de los consejeros.


El actual gobernador en todos sus discursos hace referencia al estado de Derecho, por lo tanto es ahora cuando es necesario que el Estado, sus instituciones y quienes lo representan den muestras del respeto a ese tan llevado y traído estado de Derecho, ya que la obligación de respetarlo es recíproca, de ciudadanos respecto al Estado y del Estado en relación a los ciudadanos. Es un derecho fundamental de los ciudadanos estar informados verazmente y a participar en las decisiones del gobierno que finalmente se debe a los ciudadanos. Ya es hora de que Tabasco deje de ser de los últimos estados en materia legislativa, y que por ser actualmente de los últimos en legislar sobre la ley de Transparencia tiene la obligación de crear mejores leyes.

Ahora es tiempo de que el señor Gobernador pase del discurso a los hechos y sin lugar a dudas esta es una extraordinaria oportunidad,


Atentamente.
Organizaciones Civiles.

Alianza Nacional Democrática Nacional de Trabajadores Petroleros (ANDTP)
Asociación Ecológica Santo Tomas A.C.
Comité Central de la Isla
Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C.
Consejo Ciudadano por el Agua del estado de Tabasco A.C.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Tabasco.
Voces de la Tierra A.C.

Monday, October 23, 2006

BOLETIN DE PRENSA

BOLETIN DE PRENSA

 El Ejecutivo del Estado ha enviado una iniciativa de ley de transparencia al congreso que busca mantener la opacidad y la falta de rendición de cuenta en Tabasco
 En peligro el acceso a la información en Tabasco

A pesar de la persistencia de grandes rezagos sociales, económicos, políticos y ambientales, nuestro país ha logrado una apertura sustantiva en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.
En estos momentos casi todos los Estados de la República Mexicana ya cuentan con una ley estatal de Transparencia y Acceso a la información pública, siendo solo tres Estados lo que no la tienen, entre ellos nuestro Estado.
Lo anterior a pesar de que el 28 de junio del presente quedo una iniciativa consensuada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que a petición de la fracción Parlamentaria del PRI representada en dicha Comisión esta iniciativa fue retirada con el argumento de que se realizarían algunas observaciones.
Parecía que querían ganar tiempo, lo que fue confirmada cuando el 5 de octubre el Ejecutivo Local envía una iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información al Congreso, que de entrada pareciera que es la misma a la que habían llegado los partidos, sin embargo un análisis profundo nos revela, cuando menos tres puntos muy importantes que pueden poner en peligro nuestro derecho a la información:
 uno relacionado con la designación de los Consejeros que encabezarían el Instituto de Transparencia y Acceso a la información del Estado, y es que la iniciativa del Ejecutivo señala que los consejeros serán designados y removidos por el gobernador, supeditando de esta manera el trabajo del instituto al capricho del gobernador en turno.
 Otro es el relacionado a los requisitos para la solicitud de información, que en la iniciativa del ejecutivo los solicitantes se tienen que identificar y señalar para que quieren la información. Esto puede llegar a inhibir las solicitudes de información y rompe de tajo el espíritu de la ley, que sienta sus bases en que toda la información en manos de gobierno es pública.
 El ejecutivo plantea en 18 situaciones la restricción al acceso a la Información, cuando en la consensuada solo se contemplan en 10 casos, por lo que nos parece excesivo, ya que si bien es cierto que no toda la información en manos del gobierno es publica también lo es que entre menos restricción tenga una ley para hacerse de información mas democrática es esta.

Recordemos que la verdadera democracia contiene transparencia, derecho a la información y rendición de cuentas, porque la opacidad en las políticas públicas y aplicación de los recursos, ocasiona muchas veces una mala administración y distribución de dichos recursos, genera discrecionalidad en su manejo y en consecuencia pobreza, corrupción y retrazo en el desarrollo integral de nuestro Estado.

Les recordamos a nuestros legisladores que una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública bien integrada y que garantice plenamente nuestro derecho a la información vendrá a construir un gobierno con verdadera rendición de cuentas y una sociedad con mayor participación en los asuntos públicos. Les pedimos que a la hora de integrar la propuesta del Ejecutivo a la iniciativa consensuada tomen en cuenta nuestras observaciones.

Tabasco se lo merece y la historia se los reconocerá.



GRUPO PROMOTOR DE LA LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA EN TABASCO

Asociación Ecológica Santo Tomas A.C.
Comité de Derechos Humanos de Tabasco. CODEHUTAB
Consejo Ciudadano por el Agua del estado de Tabasco A.C.
Espacios Ambientales A.C.
Movimiento Nacional Anticorrupción A.C.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ-Tababsco
UNTCIPM
Voces de la Tierra A.C.

Tuesday, June 13, 2006

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TABASCO, MEXICO

JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ

Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.
Ave. 27 de febrero 1017
Colonia Centro, Villahermosa
Tabasco
México
C.P. 86000
Teléfono: (993) 3 12 67 43
Correos electrónicos:
stomasproyectos@yahoo.com.mx
stomascoordinacion@yahoo.com.mx




INDICE

PRESENTACION_ 3

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN_ 6

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO INTERNACIONAL_ 8

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO_ 10

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TABASCO_ 12

¿ES NECESARIO UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TABASCO PARA ASEGURAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?. 17

CONCLUSIONES_ 19

BIBLIOGRAFIA_ 4









PRESENTACION
La información es un instrumento valioso. Quien tiene más y mejor información tiene mayores posibilidades de tomar decisiones adecuadas, pero sobre todo, de poder ejercer sus derechos. La información pública es un bien y un derecho de todos los ciudadanos y en consecuencia cualquier persona puede y debe tener acceso a ella.

Por que, ¿Sabes qué está haciendo el Gobierno Federal con los recursos públicos?, ¿Quién y como toma las decisiones el gobierno?, ¿Cuántos recursos financieros envió la Federación al municipio?, en fin.

Como ciudadanos tenemos derecho a conocer las respuestas a estas preguntas y conocer respecto de cualquier otro asunto que afecte nuestras vidas, sólo así nos será posible entender mejor y participar responsable y activamente en nuestras decisiones como ciudadano y es que el acceso a la información es el primer paso para que podamos participar en esa toma de decisiones.

Si contamos con información oportuna, confiable y veraz sobre la problemática que existe en ese momento y la manera en que actúan las autoridades gubernamentales frente a ella, podremos construir una opinión fundamentada que luego nos permitirá actuar en consecuencia, ya sea involucrándose en proyectos que contribuyan a solucionar esa problemática o simplemente demandando una gestión transparente y responsable.

Ahora, estar informado es un derecho de todo individuo que está garantizado, por instrumentos internacionales ratificados por nuestro gobierno, como la Declaración de Río, y por la propia Constitución Mexicana en su artículo sexto. De esta forma, la información que es generada y/o compilada por el Gobierno Federal se considera pública, excepto aquella clasificada como confidencial o reservada a partir de los lineamientos que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es decir, que la información que generan las dependencias de la Administración Pública Federal, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionales autónomos es considerada por ley como pública, y cualquier persona puede solicitarla de acuerdo con los mecanismos jurídicos previstos.

Pero hablar del derecho a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas en Tabasco, es hablar de algo desconocido, sin embargo cuando se menciona corrupción, resulta más conocido y es que alguna vez lo hemos vivido o sentido, pero resulta curioso que ambos temas son las dos caras de la misma moneda contra las que muchos ciudadanos y ciudadanas han emprendido desde hace muchos años una ardua batalla a favor de la primera y contra la segunda, y para ambas han encontrado que el acceso a la información es una herramienta muy importante y eficiente para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por un lado, y de combatir la corrupción, por el otro.


Hay que mencionar que esta batalla ciudadana no ha pasado desapercibida de personas con fuertes intereses ajenos a la de los ciudadanos y que aun se encuentran incrustadas en nuestro país, y que en algunos Estados continúan sentando sus reales, y se han dado cuenta de que transparentar, rendir cuentas, dar información, ser cuestionado, son temas que nunca deben ser tocados o cuando menos evitados como una forma de asegurar su permanencia. Afortunadamente se ha iniciado en nuestro país un frente que promueve la apertura gubernamental a la revisión ciudadana y la institucionaliza mediante la creación de leyes de transparencia y acceso a la información.

En Tabasco apenas estamos empezando a descubrir el tema, el cual a muchos les ha apasionado por que consideran que puede ser una herramienta que abrirá puertas que por mucho tiempo se han considerados infranqueables, se han dado cuenta de que puede ser una herramienta que permita y fomente la participación ciudadana de manera más activa en las decisiones que toman nuestros gobernantes, que se podrá averiguar a donde, verdaderamente se van los impuestos que pagamos, y adivinen que?, Claro!, estas personas que tienen otros intereses que no son precisamente el de trabajar para la sociedad, han echado andar su maquinaria para retrasar lo más posible que Tabasco se integre al concierto nacional que hoy toca de transparencia y acceso a la información.

Nuestra tarea es importante, requerimos el empuje de la mayor parte de la ciudadanía, que le haga a los opositores, a que Tabasco se transparente, que somos más, los que consideramos que otro Tabasco es posible.

Sirva pues este pequeño trabajo para abrir y analizar algunas aristas del acceso a la información, ya como un derecho humano, ya como una importante herramienta contra la corrupción o ya como un paso más en la consolidación de la democracia en México y en Tabasco.

Agradecemos, las importantes aportaciones que hicieron los compañeros Luís Orlando Pérez Jiménez, Sergio Antonio Reyes y Ernesto Villanueva, sus aportaciones ayudaron a mejorar sustancialmente este trabajo. Por supuesto nuestro agradecimiento también a la Iniciativa Interamericana para la Cooperación de la Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos, por el apoyo para la publicación de esta obra.

¡OTRO TABASCO ES POSIBLE!


Villahermosa, Tabasco, abril de 2006.



Elías Sánchez Pérez
Coordinador General
Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.



1. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Para Villanueva (2000), el derecho a la información es la garantía fundamental que toda persona posee a: atraerse información, a informar y a ser informado. De esta definición, se desprenden tres aspectos muy importantes que comprenden dicha garantía fundamental:

I. El derecho a atraerse información, el cual incluye las facultades de:
a) acceso a los archivos, registros y documentos públicos y,
b) la decisión de que medio se lee, se escucha o se contempla.
II. El derecho a informar, incluye la:
a) libertades de expresión y de imprenta y
b) el de constitución de sociedades y empresas informativas.
III. El derecho a ser informado, incluye las facultades de
a) recibir información objetiva y oportuna,
b) la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y,
c) con carácter universal, o sea, que la información es para todas las persona sin exclusión alguna.

Villanueva (op cit), menciona que la información debe entenderse en un sentido amplio que abarque los procedimientos- acopiar, almacenar, tratar, difundir, recibir- así como los tipos- hechos, noticias, datos, opiniones, ideas- y sus diversas funciones.

Para otros autores como Ríos (2005), el derecho a la información comprende tres facultades interrelacionadas, las de recibir, buscar, y difundir informaciones, opiniones o ideas de manera oral o escrita, impresa, artística o por cualquier otro procedimiento, mientras que para Fernández (2006), el derecho a la información es el conjunto de normas sistematizadas que garantizan a cualquier ciudadano tener un libre acceso a la información de interés público, y que al mismo tiempo establece las obligaciones de su uso responsable.

Villanueva (2004), hace mención, de que el derecho de acceso a la información pública puede definirse como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en manos de entidades públicas, mientras que para Ríos (2005), el derecho de acceso a la información pública se desprende del derecho a estar informado, pero también deriva de un concepto de libertad, la libertad de informarse. Por lo anterior el derecho de acceso a la información publica, es en suma, uno de los derechos subsidiarios del derecho a la información, por lo que cuando se habla del derecho a la información se incluye el derecho de acceder a dicha información.

Para finalizar en este sentido, vale la pena traer también hasta aquí, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, que menciona:·”Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y que además “es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre” (OEA, 2006).


El 28 de septiembre 2005, la Open Society Justice Initiative difundió 10 principios sobre el derecho de acceso a la información, los cuales son:

1. El acceso a la información es un derecho de todos.
Cualquier persona puede solicitar información, sin importar su nacionalidad o profesión.

2. ¡El acceso es la norma – la secrecía es la excepción!
Toda la información en manos de los organismos gubernamentales es pública en principio. La información sólo puede ser reservada por un estrecho conjunto de razones legítimas establecidas.

3. El derecho aplica a todos los entes públicos.
El público tiene el derecho a recibir información en posesión de cualquier institución, ya sea financiada por organismos públicos o privados, que realicen funciones públicas.

4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
El único requisito debe ser proporcionar un nombre, un domicilio y la descripción de la información buscada. Los solicitantes deben poder ingresar solicitudes de manera escrita u oral. La información debe ser suministrada inmediatamente o en un plazo corto.

5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
Los funcionarios públicos deben asistir a los solicitantes para realizar sus solicitudes.

6. Las negativas deben estar justificadas.
Los gobiernos sólo pueden negar el acceso a la información, si la apertura pudiera causar daño demostrable a intereses legítimos. Toda negativa debe establecer claramente las razones para no revelar la información.

7. El interés público tiene prioridad sobre la secrecía.
La información debe ser difundida cuando el interés público supere cualquier daño que su apertura pueda ocasionar.

8. Todas las personas tienen el derecho de apelar una decisión adversa.
Todos los solicitantes tienen el derecho de promover una revisión judicial efectiva sobre la negativa o no entrega de información.

9. Los organismos públicos deben publicar de manera pro-activa información central.
Todos los organismos públicos deben poner a disposición del público el acceso fácil a información sobre sus funciones y responsabilidades. Dicha información debe ser actualizada, clara y en lenguaje sencillo.

10. El derecho debe ser garantizado por un órgano independiente.
Una agencia independiente, como un ombudsman o comisionado (a), debe ser establecida para revisar las negativas, promover el conocimiento y avanzar en el derecho de acceso a la información.




2. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO INTERNACIONAL
Desde 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 19 garantiza la libertad de opinión y de expresión, así mismo expresa claramente que estos derechos comprenden el derecho de buscar y difundir información:

Articulo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin fronteras por cualquier medio de expresión.

En el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), adopto en 1948 la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, instrumento histórico que garantiza en su artículo IV que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión. Este documento fue complementado en 1969 con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 13 expresa:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura si no a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publica.

México se adhirió a esta Convención el 24 de marzo de 1981.

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala en su artículo 19,

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Cabe mencionar que México se adhirió a este pacto el 23 de marzo de 1981.

Como vemos, la comunidad internacional ha reconocido y codificado en numerosos instrumentos de derecho internacional el derecho a la información, que pueden ayudar a fundamentar este derecho, así mismo vale la pena señalar que México ha ratificado estos tratados en materia de derechos humanos y a fechas más recientes, México ha firmado algunos tratados en materia de anticorrupción, como es la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales de la OCDE y la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA, en las que se señalan que la transparencia y acceso a la información es una de las herramientas más importante para atenuar este problema.



3. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO

Sólo si los ciudadanos cuentan con acceso a la información en resguardo del gobierno,
es que podemos hablar de ciudadanos plenamente informados y
listos a ejercer su derecho a participar como ciudadanos democráticos.
Alonso Lujambio
Comisionado del IFAI

En México el derecho a la información fue introducido en el artículo 6º de nuestra Constitución Política en 1977, mediante la adición de las 10 últimas palabras a este artículo, para quedar así:

Artículo 6°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el estado.

Lamentablemente durante más de 25 años distintos sectores se enfrascaron en discusiones sobre el significado de ese concepto, sin que se aterrizara en algo, siendo hasta el año 2001 que un grupo de académicos, activistas sociales, dueños de medios y periodistas, asistentes al seminario “Derecho a la Información y Reforma Democrática” que se desarrollo en el estado de Oaxaca, iniciaron los trabajos a favor de la creación de una ley que respaldara el derecho a la información, dando origen al denominado “Grupo Oaxaca”.

Esta organización ciudadana no solo propuso principios generales, si no que elaboro un proyecto de Ley de Acceso a la información Publica, el cual fue retomado por todos los partidos con representación parlamentaria, salvo el Partido Acción Nacional. En un hecho inédito en la historia legislativa de México, se nombro una comisión del Congreso con representantes del Gobierno Federal y el grupo Oaxaca logrando consensos en un 98% de los puntos de discusión (Villanueva, 2005; Castellano, 2005)

Como resultado de lo anterior, el 11 de junio de 2002, se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), ley que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona (incluyendo a menores de edad y extranjeros), a la información de la gestión pública en manos de los poderes de la Unión y cualquier otra entidad federal.

Para el IFAI (2004), con la LFTAIPG, México emprendió un proceso de cambio en la relación entre gobierno y gobernados y ha avanzado hacia una nueva forma de ejercicio de la función pública, “con las puertas abiertas y de cara a la sociedad”. El derecho de acceso a la información, garantizado por medio de esta legislación, le permitirá a México avanzar en la consolidación de un gobierno más democrático en el que todos y cada uno de los servidores y representantes públicos deberán rendir cuentas a los ciudadanos.


Castellanos (2005), menciona que con la aprobación de la Ley de Transparencia, México cerró una etapa en la lucha por el derecho a la información, pero abre nuevas estrategias y posibilidades de seguimiento para su cumplimiento y utilidad en la lucha contra la corrupción y en la exigencia de rendición de cuentas en nuestro país.

Para Lujambio (2006), esta ley ha permitido avances muy importantes en materia de transparencia, sin embrago, también señala, que es cierto que hay una resistencia cultural, mas que política, ya que los funcionarios públicos les es difícil poder entregar una información que ellos consideran suyas, y que para institucionalizar este cambio, la ciudadanía tiene que seguir empujándola.

Por la experiencia de otros países, podemos decir que las leyes de acceso a la información pública son parte muy importante de la estructura jurídica de los países que reivindican la democracia como sistema de gobierno y por lo tanto creemos que en nuestro país a pesar de las dificultades que enfrentará en su aplicación, por la cultura de no rendición de cuentas que caracteriza a los servidores públicos mexicanos, permitirá avanzar como sociedad en busca de una real democracia

Finalmente, podemos mencionar que la publicidad de la información es una condición para el ejercicio pleno de la ciudadanía y contribuye a fomentar el principio de seguridad jurídica y legitimidad democrática (Navarro, s/f), para el IFAI (2005), el acceso a la información pública favorece la transparencia de la gestión del gobierno y la rendición de cuentas a la sociedad por parte de los servidores públicos, sin importar el ámbito al que pertenezcan, ya sea municipal, estatal o federal.




4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TABASCO
Cada entidad federativa tiene la facultad y responsabilidad de generar una ley al respecto a partir de su contexto social y político, bajo las características de instituciones autónomas y descentralizadas (Castellano, 2005), aunque esto ha dado lugar a que se creen una diversidad de leyes que en algunos casos, como Veracruz por ejemplo, sean completamente inoperantes, aunque vale la pena mencionar que está por aprobarse una ley en este mismo Estado, consensuada que, de aprobarse, sería una de las mejores del país (Villanueva, com, pers., 2006) y en otros casos, se den situaciones de legislaciones más avanzadas que la misma ley federal, como es el caso de Chihuahua.

En el caso de Tabasco, la constitución local nunca se adecuó en concordancia a la reforma que sufrió la Constitución federal en 1977, vale la pena mencionar que en esta misma situación se encontraron casi todos los Estado de la república, sin que esto haya sido tomado como una obstáculo, si no como una oportunidad de hacer las cosas bien y, en pocos casos, se llego a la modificación de la constitución local para insertar este derecho.

Podemos pensar que la falta de inclusión en nuestra constitución local del derecho a la información se debió, en mucho, a la misma discusión que en ese tiempo se manejo al respecto, el hecho es que lo único que menciona nuestra constitución es lo estipulado en el artículo 7º, el cual establece que entre otros derechos de los tabasqueños y tabasqueñas se encuentra, en su fracción IV:

Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa; a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días cuando las leyes no señalen otros términos.”

Es decir, lo único que tenemos a nivel local es el derecho de petición que vale la pena diferenciar del derecho de acceso a la información, ya que el derecho de petición se satisface con una respuesta cualquiera sea ésta y el de información pública con el examen de la información solicitada, salvo que excepcionalmente sea reservada o confidencial, supuestos previstos en la ley (Villanueva, com. pers., 2006).

Pero además debemos mencionar que se ha legislado de manera secundaria en este apartado, creando la Ley reglamentaria de la fracción IV del articulo 7º de la Constitución Política del Estado, la cual maneja de manera genérica el derecho que tiene los ciudadanos y ciudadanas de Tabasco a realizar diversos tipos de peticiones a los entes públicos, entre ellos el de información, estipulando el tiempo de respuesta, 15 días, sin embargo, y dada la falta de cultura de nuestros gobernantes de no rendir cuentas a nadie, el peticionario podía realizar sus solicitudes de información y con el solo hecho de recibir una respuesta cualquiera que fuera esta, se debería considerar afortunado por haber obtenido una respuesta de los gobernantes, ya que según los mismos servidores públicos, la ley solo los obliga a responderte. Sin embargo no menciona de que te deban de entregar lo que solicitaste, por lo que para el trabajo ciudadano es difícil poder incidir en las políticas públicas dada estas limitaciones, y ni que decir de solicitar información sobre la forma en que se utilizan los recursos públicos, por que es casi como pedir un secreto de Estado o documentos de seguridad nacional, aunque es muy común el doble discurso de nuestros gobernantes, de cualquier partido, ya que en las palabras mencionan una apertura y transparencia, sin embrago cuando se les pide información sobre cuestiones más específicas son muy buenos para negar u ocultar la información solicitada.

Es a partir de la aprobación de la LFTAIPG que se desató una ola de leyes estatales que llego a nuestro Estado, así el 4 de febrero del 2004, el diputado Francisco Sánchez Ramos, del Partido de La Revolución Democrática, presentó en el pleno del Congreso una iniciativa de “Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco”, constante de 62 artículos y 7 transitorios.

El 15 de julio de 2005, el tema fue retomado por la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, quien en voz de la diputada Dora Maria Scherrer Palomeque presenta una iniciativa de Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco.

Para septiembre del 2005 ya existía una iniciativa de ley estatal de Transparencia y Acceso a la Información consensuada entre el PRD, el PAN y el PVEM, de hecho en octubre de ese mismo año la Diputada Rosalinda López Hernández, declaro que posiblemente esa iniciativa se pudiera aprobar en diciembre de ese año, ya que había un avance de mas del 90% (Santo Tomas, 2006).

A partir de todo esto el Ciudadano Gobernador del estado de Tabasco, menciona en su informe de Labores presentado en noviembre del 2005, su interés de hacer llegar al Congreso una iniciativa de ley en la materia. Lo anterior junto con le declaración realizada por el Contralor del Estado, en el sentido de que en nuestro Estado existía un desconocimiento de lo que implicaba una ley en la materia, e incluso aseveró que “los compañero periodistas consideran que de aprobarse una ley en la materia vendrá representar una ley mordaza en su trabajo” (declaraciones en la radio). Sin embargo hasta la fecha el ejecutivo estatal no ha enviado ninguna iniciativa al Congreso local.
Por lo anterior y ante el temor de que la iniciativa de ley que pudiera enviar el ejecutivo estatal veniera amarrada, como ya se tienen varias experiencias, un grupo de hombres y mujeres de la sociedad civil, se dieron a la tarea de integrar una propuesta ciudadana de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, la cual fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado el día 7 de febrero del 2006 en voz del Diputado Evaristo Hernández Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, y que se turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

A la fecha, esta iniciativa ciudadana se deberá revisar e integrar a la propuesta que consense la Comisión mencionada para presentarla al pleno del Congreso, que muchos y muchas esperen no pase de este año.

Es de destacar también que actualmente existen en el Congreso local, dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del estado de Tabasco, en la que se propone la adición de la fracción VI al artículo 7º de la Constitución, uno presentado por el Diputado Evaristo Hernández Cruz, el 28 de marzo y otro presentado por el mismo grupo de ciudadanos que integro la iniciativa de ley de transparencia, la cual fue leída en el pleno el día 30 de marzo, en la que en ambas se pide se plasme en la Constitución el Derecho a la Información Pública, así como la creación de un órgano autónomo que garantice el ejercicio de este derecho. Actualmente, se esta a la espera de los dictámenes que emita la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre estas iniciativas.

Por el momento es importante mencionar que en el Tabasco, algunas leyes plantean el acceso a la información pública, de manera genérica. Entre las que encontramos las siguientes:

Código Civil para el estado de Tabasco.
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco
Ley de Administración de Documentos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
Ley de los Bienes Pertenecientes al estado de Tabasco
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Ley de Cooperación para Obras Públicas Municipales
Ley que crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Ley que crea la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Ley que crea el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Ley que crea el Instituto Estatal de las Mujeres
Ley que crea el Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco.
Ley que crea el Sistema Estatal de Archivos de Tabasco
Ley que crea el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumka´
Ley De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad Del Estado
Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco
Ley de fomento para la investigación científica y desarrollo tecnológico del Estado de Tabasco
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco
Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tabasco.
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
Ley de Planeación
Ley Reglamentaria de los Artículos 4o y 5o de la Constitución Federal, relativa al Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Tabasco
Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco
Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco
Ley Reglamentaria de la fracción IV, del articulo 7, de la Constitución Política del Estado
Ley de Salud del Estado de Tabasco
Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social
Ley para la prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar para el estado de Tabasco.
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco
Ley de usos de agua del estado de Tabasco.
Ley de Ordenamiento sustentable del territorio del estado de Tabasco.
Ley de condominios del estado de Tabasco.

Ahora bien, mientras no se legisle en materia de Transparencia y Acceso a la Información en nuestro Estado, la ciudadanía debe continuar utilizando lo que se tiene a la mano, es decir, la fracción IV del artículo 7º Constitucional, que menciona, el derecho de petición de todo ciudadano, que aunque no garantiza en su totalidad el acceso a la información en manos del Gobierno del Estado y de los Municipios, es la única herramienta que tenemos para hacernos llegar de información y poder continuar participando en los pocos espacios de participación ciudadana en Tabasco.


Es importante mencionar que la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 7º, en su artículo 6º establece:

Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio que permita acreditar su autenticidad y deberán contener por lo menos los siguientes requisitos:
a) Nombre de la autoridad, dependencia o entidad destinataria;
b) Nombre completo, nacionalidad e identificación, en su caso, del o de los solicitantes así como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones;
c) Nombre del representante común cuando fueran varios los solicitantes;
d) Causa o motivo de la petición; y
e) Firma o huella del o los peticionarios.


Por su parte el artículo 11 de esta misma ley, establece que:

Artículo 11.- Si la petición no reúne los requisitos exigidos o no refleja los datos necesarios con la suficiente claridad, el órgano correspondiente deberá hacérselo saber al peticionario a fin de que corrija y complete los datos, dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la notificación respectiva, advertido de que si no lo hiciere, se dejará sin efecto la petición, notificándose su archivo con expresión de la causa, quedando a salvo sus derechos


Así mismo el Artículo 13, establece que:

En ningún caso la presentación de una petición ante una autoridad no competente en razón de la materia, será causa de rechazo o archivo. Cuando esto suceda, el órgano receptor la remitirá al que considere competente dentro de los diez días hábiles siguientes de haberla recibido, debiendo notificar dicho acto oportunamente al peticionario.


El Artículo 21, establece los tiempos de respuesta de las autoridades:

La resolución de que se trate deberá ser notificada personalmente a la parte interesada, dentro del término de 15 días hábiles posteriores a la recepción de la petición o al cumplimiento de los requerimientos en su caso, indistintamente, mediante oficio, por correo o por vía telegráfica.


El Artículo 18 establece como debe ser la respuesta de la autoridad ante quienes se haya realizado la petición:

La resolución por la que se de contestación, deberá ser oportuna y contener cuando menos los siguientes requisitos:

I. Autoridad que la dicta, lugar y fecha;
II. Fundamentación y motivación;
III. Ser congruente con lo solicitado;
IV. La precisión de si concede o niega lo solicitado, y
V. Nombre y firma del servidor público que emite la resolución.

Sabemos de lo desgastante y cansado que es solicitar información en Tabasco, donde los mismos funcionarios todavía te mencionan que como no hay una ley que los obligue a darte la información que solicitaste no te la pueden proporcionar, sin embargo no hay que perder de vista que mientras no exista una Ley Reglamentaria en materia de Transparencia y Acceso a la Información, es importante seguir usando el artículo 7º para las solicitudes de información, así como es importante que los ciudadanos y ciudadanas pidan información de como funciona nuestro gobierno, por que toman las dediciones que toman, etc., ya que esta es la única forma de que Tabasco cambie y que se cree una nueva cultura de Transparencia y de Rendición de Cuentas, recordando que los recursos que utilizan los funcionarios son recursos que proviene del erario público y todos y todas queremos que no se canalicen para acciones que en nada benefician a la sociedad y si queremos que estos recursos sirvan para el desarrollo de nuestro Estado.





5. ¿ES NECESARIO UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TABASCO PARA ASEGURAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?.

“Para ser ciudadanos de primera debemos tener acceso al conocimiento”
María Marván Laborde
Comisionada del IFAI.

Una Ley de Acceso a la Información (LAI) es una ley que otorga a los ciudadanos el derecho a conseguir información bajo el resguardo del gobierno (o de los sujetos obligados por dichas leyes), sin la necesidad de demostrar interés legal.

Bajo una LAI los ciudadanos pueden acceder a los documentos públicos, a menos que la misma ley especifique lo contrario, y puedan conseguir esa información sin explicar por qué o para cuáles fines la necesitan.

En resumen, las LAI implican el cambio del principio de provisión de la información publica desde la base de una “necesidad de conocer” al principio de un “derecho por conocer”. Las LAI son importantes aún cuando un país tenga provisiones constitucionales que garanticen el derecho a la información o a la libertad de expresión. El cumplimiento de las garantías constitucionales es muy difícil de asegurar sin la intermediación de leyes especiales que faciliten su aplicación (Ackerman y Sandoval, 2005).

Es de destacar que fue en el ámbito estatal donde se legislo primero el derecho de acceso a la información publica, específicamente en Jalisco, con la publicación de su ley estatal en enero de 2002, y por otro lado Sinaloa con la publicación de su ley el 26 de abril del 2002, para posteriormente se legislara en el ámbito federal con la expedición del LFTAIPG el 11de junio del 2002 (Samaniego, 2005).

Actualmente, casi todos los Estados de la República Mexicana ya cuentan con una Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, demostrando el gran interés y convicción para luchar contra la corrupción, a favor de la Transparencia y Rendición de cuentas, relativamente, por que hay una gran diversidad de leyes estatales, desde aquellas que no tienen órgano que garantice el derecho de acceso a la información hasta aquellas que incluso superan a las disposiciones establecidas en la LFTAIPG (Villanueva, et al; 2005).

Lamentablemente en Tabasco no podemos decir mucho, por lo que la cuestion que debe atraer nuestra atención a la de la protección y ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, sobre todo considerando que hasta el día de hoy solo cuatro Estados no cuentan con una ley Estatal de Acceso a la Información, ya que sin la existencia de este tipo de legislación, el derecho se torna de difícil ejercicio y de respeto en la práctica cotidiana, y de eso mucho ciudadanos y ciudadanas tabasqueñas tienen mucho que decir.

En este sentido, Sabas (s/f) “señala: es absolutamente necesario e imprescindible contar con una ley que establezca con claridad los requisitos que deben darse para brindar o negar la información solicitada por una persona al gobierno”, o a los sujetos obligados por la ley.

Para Lujambio (2006), “las leyes de transparencia producen una democratización del acceso a la información”, ya que “en el pasado la información se entregaba de manera informal, discrecional, a un investigador, a un periodista, a un diputado, hoy el ciudadano de a pie puede formular solicitudes y obligar a las autoridades a que respondan” ahí la importancia de que se creen las reglas clara que permitan a los ciudadanos conocer el funcionamiento del aparato gubernamental, conocer el uso de los recursos públicos, promover la rendición de cuentas, entre otras cosas.

En síntesis, menciona Sabas (s/f), pese al reconocimiento constitucional del derecho a solicitar información al gobierno (o a los sujetos obligados, dicen otros), se vuelve imperiosamente necesario contar con una ley. Partiendo del presupuesto de que la burocracia estatal buscará siempre el modo, la excusa o la razón para no dar la información que se le requiere, por lo que una ley que reglamente adecuadamente este derecho puede remover los obstáculos que se podrían presentar de un modo persistente si ella no existiera, y de esta manera cerrársele a los que manejan recursos públicos todas las posibles vías alternativas de escape cuando se vean tentados de eludir su responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.







6. CONCLUSIONES
Como podemos ver, en la actualidad, los ciudadanos y ciudadanas cuentan a nivel federal con nuevas herramientas legales de acceso a la información que fomentan la participación ciudadana de forma responsable e informada. Hay que subrayar que el punto toral del derecho a la información no subsiste en el reconocimiento legal y político de este derecho, sino que depende del conocimiento, uso y apropiación que la ciudadanía haga de estos nuevos derechos.

La sociedad tiene ahora un reto muy grande: difundir, conocer y usar los mecanismos de la legislación, aplicarlos, sistematizar sus experiencias y generar conocimientos y procesos locales de participación.

Podemos mencionar que en Tabasco, son muy pocos los que se han interesado en el tema, sólo algunos legisladores, periodistas, académicos, y algunas organizaciones civiles locales y nacionales son los que han mostrado su interés en el tema del acceso a la información pública, por lo que hace falta que el ciudadano común esté enterado y participe en el análisis y discusión del tema. Es grande la tarea que queda por hacer en nuestro Estado sobre este tema.

La experiencia tabasqueña también nos enseña que en este caso no ha sido el ejecutivo estatal el que ha ido a la vanguardia en presentar una iniciativa de ley en la materia, si no que es a interés de un grupo de hombres y mujeres que el tema de la transparencia y el acceso a la información se abre a la discusión de la sociedad, se analiza y se propone mediante la integración de una iniciativa ciudadana de Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e incluso llegan más allá, ya que asumiendo su responsabilidad social, proponen cambios en la constitución de nuestro Estado, quedando ahora una gran responsabilidad en la actual legislatura para consensuar y llegar a acuerdos que le den a Tabasco una Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que ponga a nuestro Estado acorde con las demás entidades, y se den pasos en la consolidación de un Tabasco verdaderamente democrático.

Esperemos que nuestros legisladores y legisladoras estén a la altura de lo que la sociedad tabasqueña pide. La historia nos lo dirá.













BIBLIOGRAFIA

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Lujambio, A. 2006. Entrevistado por Víctor Sámano en: Ventana Sur:
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Friday, June 09, 2006

Caso CARESA

Desde septiembre del 2004 la Asociacion Ecologica Santo Tomas A.C. denuncio irregularidades que se presentaban ante el deposito que de lodos al parecer contamiandos con hidrocarburos hacia la empresa denominada Consorcio de Arquitectura y Ecologia S.A de C.V. (CARESA). Es de destacar que despues de interponer una primera denuncia via denuncia popular ante la PROFEPA y la SEDESPA estas las desecharon por no encontrar irregularidades, "se estaba contruyendo una cas y un camino" respondio la PROFEPA.